¿Qué es la ley 2/2023 sobre el canal de denuncias y cómo afecta a tu empresa?
La ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, también conocida como ley del canal de denuncias, es una normativa que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937, cuyo objetivo es crear un marco regulatorio común para los canales de denuncia internos y la protección de las personas que informen sobre irregularidades cometidas en el seno de las organizaciones.
Esta ley tiene una doble finalidad: por un lado, garantizar la protección de los informantes, que son aquellas personas que, de buena fe, comuniquen hechos que puedan constituir infracciones normativas o de corrupción, evitando que sufran represalias o perjuicios por su actuación; y por otro lado, establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas internos de comunicación, que son los mecanismos que deben habilitar las entidades para recibir, tramitar y resolver las denuncias.
¿A quién se aplica esta ley?
La ley se aplica en el ámbito del sector privado:
- Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados cincuenta o más trabajadores.
- Las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente.
- Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
Mientras que en el ámbito del sector público deben cumplir con esta normativa:
- La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades que integran la Administración Local.
- Los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública, así como aquellas otras asociaciones y corporaciones en las que participen Administraciones y organismos públicos.
- Las autoridades administrativas independientes, el Banco de España y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
- Las universidades públicas.
- Las corporaciones de Derecho público.
- Las fundaciones del sector público.
¿Qué obligaciones tienen estas entidades según esta ley?
Estas entidades están obligadas a implantar un sistema interno de comunicación que cumpla con los siguientes requisitos:
- Debe ser accesible, confidencial, seguro y gratuito.
- Debe garantizar la identidad y el anonimato del informante, así como la de las personas afectadas por la denuncia.
- Debe designar a una persona o unidad responsable de la gestión del sistema, que debe ser independiente, imparcial y competente.
- Debe establecer un procedimiento de recepción, registro, análisis, investigación y resolución de las denuncias, que debe ser ágil, transparente y eficaz.
- Debe informar al informante y a las personas afectadas sobre el estado y el resultado de la denuncia, así como sobre las medidas adoptadas.
- Debe adoptar medidas de protección y apoyo al informante, así como de prevención y sanción de las represalias.
- Debe elaborar un informe anual sobre el funcionamiento del sistema, que debe ser público y accesible.
- Debe cumplir con la normativa de protección de datos personales y de seguridad de la información.
¿Qué sanciones puede conllevar el incumplimiento de esta ley?
El incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley puede suponer la imposición de sanciones administrativas, que pueden ir desde una amonestación hasta una multa de hasta 200.000 euros, en función de la gravedad y la reiteración de la infracción. Además, el incumplimiento puede afectar a la reputación y la imagen de la entidad, así como a su responsabilidad penal, civil o laboral.
¿Cómo podemos ayudarte desde nuestra empresa de consultoría?
Desde nuestra empresa de consultoría, te ofrecemos un servicio integral para la implantación y el mantenimiento de un sistema interno de comunicación que cumpla con los requisitos legales y las mejores prácticas. Nuestro equipo de expertos te asesorará y te acompañará en todo el proceso, desde el diseño y la configuración del canal de denuncias, hasta la formación y la sensibilización de los empleados, pasando por la gestión y el seguimiento de las denuncias. Además, te proporcionaremos las herramientas y los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la confidencialidad y la eficacia del sistema.
Si quieres saber más sobre la ley 2/2023 sobre el canal de denuncias y cómo podemos ayudarte a cumplirla, no dudes en contactar con nosotros. Estaremos encantados de resolver tus dudas y dudas.
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